La violencia generada por la militarización de la seguridad en México y los menores de edad como víctimas colaterales de homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado son el eje del libro ‘Infancias amputadas, adolescencias en riesgo’, presentado este jueves en el norteño estado mexicano de Nuevo León.
El libro recopila una investigación realizada por nueve investigadores convocados por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas Noreste).
Séverine Durín, coordinadora del proyecto e investigadora de Ciesas, mencionó en una entrevista que el estudio analiza las consecuencias de la violencia armada en el contexto de la militarización del país, impulsada hace 18 años durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012).
«Es importante destacar que en este tiempo con la estrategia de militarización, con el aumento de las desapariciones, los homicidios, se ha afectado a la población en diferente manera, pero en especial a las infancias y adolescencias, entonces quisimos destacar como hay una afectación de distintos modos», dijo Durín.
Precisó que los menores de edad resultan víctimas indirectas de desapariciones, homicidios y desplazamiento forzado y que incluso llegan a presentar efectos psicoemocionales relacionados con la pérdida de las ganas de vivir.
La investigadora mencionó que falta mucho por tomar conciencia en la sociedad de este drama humanitario que afecta y vulnera los derechos de la infancia.
El estudio sobre la militarización y violencias en el noreste de México se trabajó del 2018 al 2021 y se realizó con el apoyo financiero del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
«Tenemos estudios de casos, unos que han sido llevados a cabo en Coahuila, otros en Nuevo León y otros en la frontera de Tamaulipas, tenemos incluso un caso de Querétaro», precisó Durín.
El documento narra historias de casos que son representativos de las distintas situaciones que pueden enfrentar las víctimas.
«Hemos estado hablando de las desapariciones en lo familiar, pero también puede ser vivir en un barrio en donde hay muchísima violencia armada, ejecuciones o personas desaparecidas», citó Durín.
La investigación carece de cifras de menores afectados, pues se planteó que se carece de una base de datos oficial.
«Por ejemplo, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas en el país no consideran si el afectado es padre o madre y cuántos hijos tenía. Es decir, el Estado también tiene la obligación de generar esta información para que pudiéramos acceder a un padrón de hijas e hijos de personas desaparecidas, pero en México no existe», apuntó Durín.
Expuso que esto habla de la falta de preocupación de las mismas autoridades por este segmento de la población.
«No son consientes de la afectación que existe y cuando tú quieres hacer una política pública tienes que empezar por ahí por la población objetivo y ni siquiera puedes disponer de esa información», sostuvo Durín.
En la presentación del libro, estuvieron como comentaristas Óscar Hernández, investigador titular en el Colegio de la Frontera Norte; Alejandro Madrazo, doctor y maestro en Derecho por la Universidad de Yale, y como moderadora Jessica Juárez, quien además es autora de dos capítulos del escrito. EFE.
(Fuente: infobae.com)
